Un problema que debe encararse en el marco de la política de desarrollo
Introducción
La crisis desatada a fines de 2001 representó el fin del ciclo de la
Convertibilidad. Un período que representó un enorme retroceso, tanto en
las condiciones de vida de gran parte de la población argentina como en
el desarrollo productivo. La drástica caída verificada en el empleo
industrial y la persistencia –durante casi una década– de una tasa de
desempleo abierto de dos dígitos fueron dos de sus heridas más
dolorosas. Parte del costo de un esquema económico que tuvo como eje el
control de la inflación y la irrestricta liberación de los mercados,
mientras se proclamaba que “sobraba un tercio de argentinos”.
A
un costo social sin precedentes, la Argentina se liberó de un gravoso
cepo intelectual, al que estuvo sometida desde largo tiempo atrás (en
especial, tras la hiperinflación de 1989-90). Se crearon así las
condiciones para adoptar un régimen de política económica que apuntara
al crecimiento y a la inclusión social.
Este nuevo patrón se
encuentra todavía en vías de consolidación y demanda definiciones acerca
del perfil productivo a adoptar hacia adelante. En algunas áreas
–como es el caso del transporte– aún se observa, además, una ausencia
notoria de nuevas políticas. Asimismo, superada la instancia más crítica
de inicios de la pasada década, existen todavía muchas demandas
sociales pendientes, tales como la provisión de soluciones
habitacionales suficientes y la formalización de un amplio estrato de
trabajadores en la “economía negra”.
Ello no quita la
importancia que han tenido diversas reformas que, claramente, han
apuntado a políticas públicas nuevas y muy eficaces para responder a las
necesidades de las mayorías. Nos referimos aquí, entre otras, a la
renegociación de la deuda externa; a las transferencias sociales masivas
de impacto redistributivo; a la supresión del inviable y costoso
régimen previsional privado, reemplazado por una política inclusiva y
solidaria; a la modificación de normas monetarias y cambiarias heredadas
de la Convertibilidad; al impulso a la educación y al desarrollo
científico y tecnológico; a la jerarquización de las inversiones
públicas; y al activismo que el Estado está mostrando en el plano
energético.
Si bien los datos estadísticos disponibles señalan
cambios positivos en la distribución del ingreso, a la par de un
crecimiento significativo en la actividad productiva, este nuevo patrón
en proceso de definición presenta dificultades. Entre ellas, un proceso
inflacionario que se ha iniciado un quinquenio atrás y que, si bien
muestra un ritmo administrable, alcanza hoy índices superiores a los
deseables.
Además de los conocidos impactos que todo proceso de
este tipo tiene sobre los perceptores de ingresos fijos –como es
principalmente el caso de los trabajadores asalariados– la inflación
estrecha el horizonte de decisión de las personas y empresas,
desestimulando la toma de riesgos a plazos largos. Asimismo, existen
concretas preocupaciones por el retraso que la inflación tiende a
generar en el tipo de cambio real y en los niveles reales de tarifas de
servicios públicos. Las razones precedentes conducen a reconocer la
importancia de esta cuestión.
Por cierto, los distintos
procesos inflacionarios de la Argentina obedecieron en el último siglo a
causas diversas y su magnitud alcanzó niveles muy disímiles. La
decisión del Plan Fénix de tomar posición –una vez más– acerca de este
tema obedece a que, por la magnitud adquirida los últimos años, la
inflación ha vuelto a instalarse como una cuestión central entre las
preocupaciones sociales y exige la adopción de políticas eficaces para
su morigeración y control. Nuestra historia enseña, sin embargo, que de
la mano de argumentos antiinflacionarios se han gestado en el pasado
planes de ajuste que implicaron graves retrocesos productivos y
sociales, con serias consecuencias ulteriores en el terreno
político-institucional. Es imperativo entonces que esto no ocurra, para
beneficio de la expansión productiva en curso, de los sectores sociales
más vulnerables y del proceso de afianzamiento y extensión de nuestra
democracia.
El ritmo actual del fenómeno inflacionario
Cualquier esfuerzo que procure reducir la inflación debe comenzar por
cuantificar su magnitud, determinar sus causas, evaluar los resultados
negativos producidos en el pasado como consecuencia de la aplicación de
políticas antiinflacionarias de matriz ortodoxa y, finalmente, proponer
una estrategia alternativa.
No es fácil determinar cuál ha sido
el ritmo real de incremento de precios que ha tenido lugar en la
Argentina durante los últimos años. Las cifras que ofrece el INDEC han
perdido credibilidad, las provinciales no cubren un territorio de
suficiente significación y las que publican las consultoras privadas
exageran, en general, las tasas de inflación reales (además de aplicar
en algunos casos metodologías inaceptables, de poca seriedad). De
acuerdo a la evolución del índice de precios implícitos del PBI, la
inflación actual se ubicaría en el entorno del 20% anual, en tanto que
el promedio del incremento de precios, según siete institutos
provinciales de estadísticas, resulta aproximadamente del 23%. Ambos
valores se hallan muy lejos de los que estima el INDEC –y, también,
bastante por debajo de muchas “estimaciones” irresponsablemente
difundidas por medios masivos de comunicación– y justifican la actual
preocupación. Va de suyo que esta situación debe ser corregida, sin más
dilaciones.
Causas
Para comprender la
especificidad del fenómeno es preciso analizar sus causas y sus
mecanismos de propagación. El análisis económico tradicional suele
distinguir tres clases de inflación: de demanda, originada por un exceso
de la demanda global respecto de la oferta global de productos y
servicios; de costos, usualmente derivada del aumento de la tasa de
salarios e insumos a un ritmo mayor que la productividad del trabajo
asalariado; y la estructural, causada por el cambio de los precios
relativos en sectores con inflexibilidad a la baja de los precios
monetarios. Más allá de este análisis tradicional y avanzando en el
tema, podría afirmarse que el fenómeno primario tiene origen en una
inflación de carácter “estructural”, que presenta como mecanismos de
propagación a la inflación “de costos” y también a la “de demanda”.
Las presiones inflacionarias se deben a problemas de la estructura del
sistema económico argentino. Entre ellos: a) el incremento de los
precios relativos de alimentos, energía y otros insumos en el mercado
mundial, que tiene impacto sobre el nivel de precios internos y se
traslada fuertemente al consumo de los sectores más carenciados; b) las
deficiencias en la tasa de formación de capital, así como en su
asignación; y c) las serias inequidades persistentes en el sistema
tributario. Si estas fallas estructurales no se corrigen resulta
imposible atenuar el proceso inflacionario, por más “ajustes” que se
intenten, debido a la multiplicidad de causas que operan de modo
simultáneo.
Si bien los cambios positivos en la distribución
del ingreso no son necesariamente inflacionarios, la puja distributiva
tiende a provocar el incremento en los precios. Sobre todo cuando los
empresarios, en particular los formadores de precios, reajustan sus
márgenes de ganancia. Esto, en especial, que sucede con frecuencia,
tiene un fuerte impacto sobre el resto de la economía, en los sectores
en los que predominan los comportamientos oligopólicos (en mercados
dominados por unas pocas empresas, no sujetas a competencia relevante
alguna); al respecto, es menester recordar el elevado nivel de
concentración que presenta hoy día la economía argentina, donde las
ventas de las primeras 1000 empresas representan más del 70% del
Producto Interno Bruto. En este sentido, las expectativas de incremento
de precios –fuertemente exacerbadas por la experiencia económica
histórica del país– generan un comportamiento “cultural” inflacionario
que opera como crucial mecanismo de propagación y acaba suscitando
“profecías autocumplidas”.
Al respecto, importa subrayar que
el ritmo actual de crecimiento de los precios dista de encontrarse en un
nivel de “espiralización”; vale decir, de incrementos cada vez más
fuertes, resultantes de las expectativas a futuro acerca de su
trayectoria. Este fenómeno fue fundamental en el período de muy alta
inflación que sufrió la Argentina entre 1975 y 1990. De hecho, el temor a
la “espiralización” es lo que, por lo general, incentiva la adopción de
políticas antiinflacionarias en todos los países. Esto, dicho sea de
paso, desmiente los toscos diagnósticos monetaristas que atribuyen el
crecimiento de los precios, en exclusividad, a la emisión monetaria. Si
estos diagnósticos fueran valederos, combatir la inflación sería una
tarea trivial.
Políticas antiinflacionarias posibles
El fracaso de las políticas de shock y ajuste recesivo, nos lleva a
considerar como alternativa conveniente una estrategia gradual de
combate a la inflación. Esta estrategia deberá tener en cuenta la
multiplicidad de causas que la provocan: factores inerciales,
expectativas, puja distributiva, oscilaciones del tipo de cambio,
sectores monopólicos u oligopólicos formadores de precios, entre otras.
Toda política antiinflacionaria eficiente debería satisfacer,
al menos, dos criterios básicos: a) actuar conjuntamente sobre las
causas de la inflación y sus mecanismos de propagación, diferenciando
entre unos y otros; y b) incidir sobre la inflación sin crear o agravar
otros desequilibrios y, especialmente, sin producir desempleo. Las
políticas antiinflacionarias usuales no cumplen con estos requisitos;
por ejemplo, las políticas monetarias restrictivas no actúan sobre la
inflación estructural y las clásicas políticas fiscales “de ajuste”
tienden a generar desocupación.
El verdadero enemigo del
crecimiento con equidad es la desocupación, que a la vez implica la
subutilización de recursos y marginación social. El empleo no debe ser
la variable de ajuste antiinflacionario. Por el contrario, debe tenderse
a una situación de plena ocupación con empleos de calidad y salarios
dignos. El aumento de la productividad logrará, a su vez, mayor y más
calificado empleo. Existe una confluencia virtuosa entre el combate a la
inflación estructural y la expansión económica. Las restricciones de la
estructura productiva no se combaten entonces comprimiendo la
actividad, sino expandiéndola (vale decir, haciendo lo contrario de lo
que hoy resulta usual los países de la Europa en crisis).
En
las actuales condiciones, a los dos requisitos mencionados debe sumarse
la necesidad de que la política antiinflacionaria tome en cuenta que los
mercados de productos han dejado de ser en gran medida mercados
nacionales, restringidos a cada país –como supone el enfoque keynesiano
de la política económica– para tender a convertirse en mercados
mundiales de productos y factores. Por ello, es necesario administrar
con prudencia y realismo la incidencia local de los precios
internacionales, tratando de regular sus impactos de acuerdo a las
necesidades del desarrollo interno y de la equidad distributiva. Dadas
las nuevas condiciones en que tienden a desenvolverse los mercados, se
corre el riesgo de la “primarización” de las exportaciones y la
consiguiente orientación privilegiada (o casi exclusiva) de las
inversiones hacia los sectores productores de materias primas. Este
escenario puede dar lugar a una versión actualizada de la “enfermedad
holandesa”; vale decir, la circunstancia en la que un boom de precios de
las materias primas lleva a una situación de fortalecimiento del poder
adquisitivo de la moneda nacional que termina impactando severamente
sobre la capacidad de producir y exportar manufacturas y, de ese modo,
“desindustrializando” al país. Por lo tanto, dado el riesgo de esta
peligrosa situación, las políticas de tipo de cambio diferenciado se
encuentran ampliamente justificadas y no deben ser abandonadas.
Por otra parte, una reducción indebida, excesiva, imprudente o
puramente fiscalista del gasto público tendría efectos adversos sobre el
nivel general de actividad económica, como los que están experimentando
hoy los países europeos, afectados por la grave crisis en la que se
encuentran inmersos. En cambio, resulta fundamental redireccionar el
gasto, sin reducir su nivel y buscando mantener el nivel de ocupación,
mejorar la distribución del ingreso y adoptar medidas de política fiscal
que tiendan a sostener el nivel de los recursos estatales. También
debería modificarse gradualmente, pero sin vacilaciones, la política de
subsidios del gobierno nacional –tal como comenzó a hacerse hace algunos
meses– para sostener los cambios positivos ya logrados en la
distribución del ingreso y evitar la continuidad de transferencias
injustificadas que subsidian el consumo de los sectores de altos
ingresos (energía y transporte, entre otros). Como una política de este
tipo implica impactos sobre los precios, exige una gradualidad en su
aplicación, que debería discriminar con cuidado entre los distintos
tramos de ingresos.
El incremento de la provisión de bienes
públicos, materiales e inmateriales, resulta otra vía importante para
combatir la inflación, ya que esta oferta se halla a cubierto de las
tendencias en los mercados externos y constituye, sobre todo, una
responsabilidad del Estado. La moderna noción de bienes públicos incluye
no solamente a los bienes públicos materiales (los que integran el
“dominio público”), sino también los inmateriales o intangibles, como lo
son la educación, la salud, la justicia, la seguridad, la protección
social y el derecho a la información y a la pluralidad de opiniones. Una
mayor y mejor provisión de bienes públicos actúa con eficacia
estabilizadora sobre las tres clases de inflación: sobre la inflación
“de demanda”, elevando la oferta de bienes disponibles; sobre la “de
costos”, acrecentando la productividad del trabajo; y sobre “la
estructural”, aumentando la movilidad de los recursos productivos entre
regiones y entre industrias. Por iguales vías, los efectos sobre el
nivel y la calidad de la ocupación también pueden resultar positivos.
La política antiinflacionaria debe definirse cualitativamente, como una
acción continua y sistemática dirigida a corregir y, en lo posible, a
prevenir los desequilibrios coyunturales y estructurales que la generan.
No debería descuidarse el campo de la política de ingresos y la
influencia que esta debe tener a la hora de acordarse precios y salarios
entre los distintos sectores de la sociedad. Resulta obvio que la
instrumentación de una política de moderación de la inflación requiere
tiempo, además de un cuidadoso análisis que contemple tanto las
consecuencias inmediatas como los efectos de largo plazo.
Sin
duda alguna, la crisis que sufren los países centrales nos afecta
directa o indirectamente. Por ello, deben aislarse –y esto llevará
tiempo– los efectos del crecimiento de los precios, sobre todo sobre los
salarios que van a la zaga de los restantes. Por todas estas razones
alentamos la continuidad de muchas de las políticas encaradas, en
particular, la fuerte inversión que compromete al Estado en la búsqueda
de una competencia apoyada en el desarrollo científico-tecnológico.
En suma: la política antiinflacionaria deberá tener en cuenta la
complejidad que muestran las circunstancias y los factores señalados en
este texto y, en consecuencia, debe ser ubicada en su justo lugar,
cuidando su consistencia con el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo con equidad. La inflación no es el único gran problema a
vencer, pero resulta indispensable encarar un programa de mediano plazo
adecuado para neutralizarla.
Cátedra Abierta Plan Fénix
Octubre de 2012
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